El suceso de gran trascendencia en el país en el cual desestabilizó a las fuerzas públicas se dio por una serie de violaciones a los derechos humanos en donde según las investigaciones dadas en este caso apuntaban a asesinatos de población inocente para presentar resultados positivos en materia de seguridad en la lucha que se libra con los actores armados al margen de la ley (Guerrilla, Paramilitares, bandas criminales) a estos casos se les conoce en el Derecho Internacional Humanitario como ejecuciones extrajudiciales y en el Derecho Penal Colombiano como homicidios en persona protegida[1].
Los casos se pusieron en evidencia en los últimos meses de 2008 sobre la aparición de cadáveres de 19 jóvenes que habían desaparecido en el municipio de Soacha, en cercanías a Bogotá y de la localidad de Ciudad Bolívar al suroccidente de la ciudad y que aparecían como bajas del ejército en Norte de Santander, cuando se destapó el escándalo. A partir de esas inconsistencias se desataron una serie de investigaciones que llevaron a descubrir más casos de este tipo en Antioquia, Boyacá, Huila, Valle y Sucre.
El caso de los falsos positivos conllevó a la investigación de altas esferas militares donde el comandante de dicha rama de las Fuerzas Armadas, el General Mario Montoya, renunció a su cargo y fue nombrado Embajador en República Dominicana por el presidente de este entonces el presidente Álvaro Uribe Vélez, quien igualmente se puso en tela de juicio su programa de Seguridad Democrática inclusive salpicando al Ministro de Defensa de ese entonces el actual Presidente de Colombia Juan Manuel Santos.
