El suceso de gran trascendencia en el país en el cual desestabilizó a las fuerzas públicas se dio por una serie de violaciones a los derechos humanos en donde según las investigaciones dadas en este caso apuntaban a asesinatos de población inocente para presentar resultados positivos en materia de seguridad en la lucha que se libra con los actores armados al margen de la ley (Guerrilla, Paramilitares, bandas criminales) a estos casos se les conoce en el Derecho Internacional Humanitario como ejecuciones extrajudiciales y en el Derecho Penal Colombiano como homicidios en persona protegida[1].
Los casos se pusieron en evidencia en los últimos meses de 2008 sobre la aparición de cadáveres de 19 jóvenes que habían desaparecido en el municipio de Soacha, en cercanías a Bogotá y de la localidad de Ciudad Bolívar al suroccidente de la ciudad y que aparecían como bajas del ejército en Norte de Santander, cuando se destapó el escándalo. A partir de esas inconsistencias se desataron una serie de investigaciones que llevaron a descubrir más casos de este tipo en Antioquia, Boyacá, Huila, Valle y Sucre.
El caso de los falsos positivos conllevó a la investigación de altas esferas militares donde el comandante de dicha rama de las Fuerzas Armadas, el General Mario Montoya, renunció a su cargo y fue nombrado Embajador en República Dominicana por el presidente de este entonces el presidente Álvaro Uribe Vélez, quien igualmente se puso en tela de juicio su programa de Seguridad Democrática inclusive salpicando al Ministro de Defensa de ese entonces el actual Presidente de Colombia Juan Manuel Santos.
Para Octubre del 2009 la Fiscalía General de la Nación tenía bajo investigación 946 casos relacionados con posibles "falsos positivos" y la Procuraduría 1043. Sin embargo a pesar del escándalo suscitado, en febrero de 2010 por lo menos 40 de los militares involucrados en estos homicidios habían sido liberados por vencimientos de términos.
Este caso ha llegado a organismos internacionales como la ONU y recientemente fueron desclasificados una colección de documentos diplomáticos, militares y de inteligencia que fueron publicados por la organización National Security Archive (Archivo de Seguridad Nacional) de Washington D.C., los cuales describen cómo el “síndrome del conteo de bajas” ha sido uno de los principios que ha manejado el accionar militar colombiano por años.Los documentos desclasificados reporta un registro más antiguo sobre este fenómeno específico el cual data de 1990, el cable aprobado por el embajador de EE.UU., Thomas McNamara, reportó un preocupante aumento de violaciones atribuidas al Ejército de Colombia. Inclusive las investigaciones apuntan a que el fenómeno se empezó a evidenciar las conexiones entre las fuerzas de seguridad colombianas y los grupos paramilitares del país con un trabajo conjunto para estos fines.
Algunas inconsistencias que argumentan.
Las experticias realizadas en los falsos positivos llevaron a unas pistas claves para poder evidenciar aun mas la realidad de los asesinatos, la revista Semana cuya publicación se basa en la investigación periodística publicó una serie de fotografías que la cual expone claramente la metodología aplicada en los falsos positivos.
La publicación informa textualmente “Según las fotos, uno de los presuntos guerrilleros dado de baja, Jesús Alfonso Bedoya, se enfrentó a las tropas del Ejército armado con una vieja pistola. Más extraño aún es que el presunto integrante del frente quinto de las Farc sufría de insuficiencia renal y, según el hospital de Carepa, de anemia falsiforme. Las personas con esta enfermedad hereditaria sufren dolores lumbares y dificultades para moverse, y tienden a cansarse muy fácilmente. De hecho, pocos días antes de aparecer muerto había estado hospitalizado, como lo demostraron las investigaciones posteriores. Y la noche anterior a su deceso había tenido fiebre alta”[2].
Igualmente al realizarse la inspección en el lugar de los supuestos combates, Los cuerpos de casi todos los muertos estaban en posiciones anormales. La ropa que tenían muchos de los cadáveres les quedaba grande. La mayoría estaban con botas nuevas. Algunos tenían granadas colgadas en los pantalones, algo realmente peligroso ya que por la forma en la que supuestamente las llevaban estas podrían estallar en cualquier momento. Uno de los menores de edad incluso tenía puestas las botas al revés.
Algunos de los cuerpos de los menores presentaron impactos de bala a muy corta distancia, y la prueba forense para determinar si alguno de ellos había disparado y tenía rastros de pólvora resultó negativa. Las fotografías, las primeras que se conocen de un caso de estos, son bastante contundentes y contradicen la versión oficial del combate.
La misma publicación (Semana) expuso al público una conversación que de cómo algunos militares planeaban estos crímenes. El capitán Duván Hernández, del batallón Voltígeros de la brigada 17, llama a un coronel y este le pregunta "¿Cuántos muertos van?". El capitán le responde que hasta ahora va uno "con todo" y le dice a su superior que hubo combates. El coronel le enfatiza que hay que decir que son miembros de las Farc. Tras esa comunicación, el capitán comenzó a hacer llamadas desesperadas a distintas personas, presumiblemente paramilitares de la región. En una de las comunicaciones el oficial llama a un paramilitar para contarle que tiene una baja pero que hay un "inconveniente" y es que el muerto está desarmado y necesita plantarle un arma.
Las Cifras
Cientos son las cifras que desde la apertura de investigación van en ascenso día tras día que se clasifican en: asesinatos, procesos penales, destituciones, renuncias, capturas, liberaciones por vencimiento de términos, casos impunes, victimas que reclaman justicia, entre otros los incluidos a continuación son apenas los conocidos, por ejemplo a octubre de 2008, se verificó la siguiente información de resultados de investigaciones adelantas por la Fiscalía General de la Nación: 52 sentencias condenatorias a 194 personas, 708 personas afrontan etapa de juicio en 123 casos, 281 personas han sido favorecidas con abstención de medida de aseguramiento en 94 casos (falsas acusaciones) y en 41 decisiones de preclusión de investigación han sido favorecidas otras 185 personas[3].
Se registraron hechos en 27 de los 32 departamentos. El departamento con mayor número de casos es Antioquia con 89, en especial el municipio de Granada con 21 hechos. Luego le sigue Meta con 68, Huila con 43 y Norte de Santander con 31 casos. Eso quiere decir que en estos departamentos se presentaron el 49.67% del total de casos registrados. Le siguen Cundinamarca (incluyendo Bogotá) con 19 casos, Casanare con 18, Arauca con 17, Boyacá, Quindío y Tolima con 16 cada uno; Cauca con 15, Caquetá 14, Cesar y Valle del Cauca con 13 cada uno, Bolívar con 12 y Putumayo con 10 casos. Este segundo grupo de departamentos ha registrado el 38,49% del total de casos. Finalmente, los departamentos con menor registro de hechos son: Córdoba y Risaralda cada uno con 9, Sucre con 8, Santander 7, Caldas 5, Guaviare y La Guajira con 4 cada uno, Chocó, Magdalena, Nariño y en el exterior (Ecuador) 2 casos por cada uno y el Atlántico con un solo caso. Este grupo de casos equivale al 11.82% del total de casos registrados[4]
Lo que supuestamente motivó los falsos positivos
Los sucesos son atribuibles al gobierno ya que según denuncias del entonces senador de la república el señor Gustavo Petro afirmó que los falsos positivo debido a que el gobierno firmó una resolución con el Ministerio de Defensa en nombre de Camilo Ospina, llamada la resolución 029 que consistía en ofrecer 3.800.000 pesos por cada guerrillero o paramilitar muerto, lo que colocó un incentivo para asesinar indiscriminadamente, y que muchas veces los militares y paramilitares en operaciones conjuntas asesinaran civiles.
El sistema de incentivos económicos y de ascensos motivó a que ciertos elementos de las fuerzas públicas llevaran a cabo los asesinatos para acceder a estos beneficios y es desde allí que se culpa a altos funcionarios de la Casa de Nariño que también cursan investigaciones en su contra para establecer el grado de culpabilidad, en las cifras se puede evidenciar que luego de destapado en escándalo se redujeron el número de víctimas.
El panorama
Estos sucesos colocan en tela de juicio la confiabilidad depositada en las fuerzas armadas en nuestro país, sin embargo la situación va mas allá de esto, ya que existen cientos de víctimas que exigen justicia, aclaración y reparación por los asesinatos de sus familiares, en este aspecto se ha encontrado trabas al proceso ya que la fuerza pública cuenta con el fuero militar que los blinda de ser procesados como un civil común y corriente, a esto se le suma que las demandas están tipificadas como asesinato la cual permite precluir la investigación por vencimiento de términos y no como delitos de lesa humanidad las cuales no prescriben, en este contexto se puede vislumbrar un proceso bastante largo en el tiempo y desgastante para las familias de las víctimas de los “Héroes que en Colombia existen”.
[1] Conceptos tomados de http://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1ndalo_de_los_falsos_positivos#cite_note--1
[2] Referencia de http://www.semana.com/noticias-nacion/casos-olvidados-falsos-positivos/141863.aspx
[3] Datos tomados de http://www.eldiario.com.co/seccion/POLITICA/un-total-de-708-personas-enfrentan-procesos-por-falsos-positivos-100424.html
[4] Informe especial 2009 del CINEP Centro de Investigación y Educación Popular
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